SEXAGÉSIMA NOVENA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MICHOACÁN DE OCAMPO.

HONORABLE REPRESENTACIÓN POPULAR:

La Presidencia del Congreso del Estado, durante el Segundo Período Ordinario de Sesiones del Primer Año de Ejercicio Legal, recibió del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y del Antropólogo Lázaro Cárdenas Batel, Gobernador Constitucional del Estado, Iniciativas de Decreto que contienen la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo; Iniciativas que fueron turnadas a las Comisiones Unidas de Gobernación, Puntos Constitucionales, Justicia y Participación Ciudadana, para su estudio, análisis y dictamen.

Y del análisis realizado por las Comisiones que dictaminan, se llegó a las siguientes:

C O N S I D E R A C I O N E S

Que en sesión ordinaria celebrada por el Pleno de esta Legislatura, con fecha 20 de junio del año en curso, los diputados Secretarios dieron cuenta de la Iniciativa de Decreto presentada por el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, que contiene la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo; turnándose a las Comisiones Unidas de Gobernación, Puntos Constitucionales, Justicia y Participación Ciudadana, para su estudio, análisis y dictamen, de acuerdo a las funciones que a las Comisiones de Dictamen Legislativo confiere el artículo 44 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado.

Que en sesión ordinaria celebrada por el Pleno de esta Legislatura, con fecha 27 de junio del año en curso, los diputados Secretarios dieron cuenta de la Iniciativa de Decreto presentada por el Antropólogo Lázaro Cárdenas Batel, Gobernador Constitucional del Estado, que contiene la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo; turnándose a las Comisiones Unidas de Gobernación, Puntos Constitucionales, Justicia y Participación Ciudadana, para su estudio, análisis y dictamen, de acuerdo a las funciones que a las Comisiones de Dictamen Legislativo confiere el artículo 44 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado.

Que ambas iniciativas tienen como objetivo establecer el procedimiento mediante el cual, los particulares puedan solicitar el acceso a la información que generen o posean los organismos del estado.

Que los que suscriben el presente dictamen, coinciden plenamente en que una sociedad democrática supone la evaluación ciudadana sobre su gobierno, y esta para ser efectiva, requiere que el ciudadano tenga los elementos para hace de su juicio un asunto razonado e informado, y que esta opinión pueda ser divulgada y contrastada con las de otros ciudadanos. Por ello, es obligación de un estado democrático garantizar estas libertades básicas.

Que las iniciativas objeto de este dictamen dan cuenta de la voluntad para que los poderes públicos del Estado y sus Municipios asuman la responsabilidad de gobernar de cara a los ciudadanos, con la transparencia necesaria para recuperar la confianza y asumir el reto de una clara rendición de cuentas.

Que el derecho al acceso a la información representa un importante eslabón de una serie de derechos fundamentales de los ciudadanos, que tiene como sustento y eje a la información. La definición de las bases jurídicas que garantizan el acceso a la información de los ciudadanos dará sentido al valor mismo de la información como un bien de interés público.

Que el acceso a la información se sustenta en el derecho de conocer la información de interés público que provenga de los órganos del Estado, sus municipios y de cualquier otra entidad que genere información que afecte el interés general, por lo que resulta un avance el que este derecho no se restrinja a la información que genere el Poder Ejecutivo, sino que involucra a todos los órganos del Estado, sus Municipios y a quienes manejan recursos del patrimonio público y quienes generen información de interés público.

Que el reconocimiento de que una ley de acceso a la información pública debe tener como fin último, el garantizar la posibilidad real de una sociedad bien informada en donde los derechos garantizados, como el de la información, sean hechos contundentes donde el ejercicio ciudadano dependa cada vez más de que la información sea ofrecida, sistematizada y manejada de manera clara, y lo más alejada posible de las decisiones unilaterales y del poder ejercido impunemente, es sin duda un avance que debemos estas dispuestos a impulsar.

Que considerando que en este tema el consenso es creciente y que en las iniciativas en dictamen se materializa un ejercicio de síntesis y de consenso, la urgencia de su materialización concreta será una muestra de que en esta materia no puede ni debe haber más dilación.

Que habiendo estudiado y analizado minuciosamente las iniciativas sujetas a dictamen, se desprende que ambas contienen elementos trascendentes y de coincidencia por lo que estos han sido considerados por estas comisiones unidas en la elaboración enriquecida del presente dictamen de Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, la que consta de nueve capítulos, 59 artículos y siete transitorios. Esta ley está constituida por tres ejes fundamentales:

El primer eje se refiere a la obligación de los poderes públicos del Estado y sus Municipios de poner a disposición de los ciudadanos un conjunto de información que les permita tener un conocimiento directo de las funciones, acciones, resultados, estructura y recursos asignados.

El segundo eje de la ley es el referente al derecho de los particulares de requerir información a los sujetos obligados.

El tercer eje de la ley se refiere a la creación de la institución y de las estructuras responsables de su aplicación e interpretación.

Aspiramos a una verdadera política de rendición de cuentas claras en el ejercicio del poder público.

Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 36, fracciones I y II, 44, fracción I, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo; 37, fracción I, 38, 41, 44 y 52 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado; 62, 63, 84 y 86 del Reglamento de Congreso del Estado; con dispensa de la segunda lectura, nos permitimos someter a consideración, y aprobación en su caso, del Pleno de esta Legislatura, el siguiente proyecto de:

LEY DE ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA DEL
ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO

CAPÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1°. La presente ley es de orden público y tiene por objeto asegurar el derecho de las personas de acceder a la información de los Poderes Públicos del Estado y sus Municipios.

Artículo 2. Para los efectos de esta Ley, se entiende por derecho de acceso a la información pública el que corresponde a toda persona de saber y acceder a ésta.
La información creada, administrada o en posesión de los órganos previstos en esta Ley, se considera un bien de dominio del poder público de uso común, accesible a toda persona en los términos previstos por ésta.
En la interpretación de esta Ley se deberá favorecer el principio de publicidad de la información.

Artículo 3. Para ejercer el derecho de acceso a la información pública no es necesario acreditar derechos subjetivos, interés legítimo o razones que motiven el pedimento, salvo en el caso de los datos personales en posesión de las entidades públicas protegidos por la Ley de la materia.
En materia política sólo podrán hacer uso de este derecho los ciudadanos mexicanos.
La información de carácter personalísimo es irrenunciable, intransferible e indelegable, por lo que ninguna autoridad deberá proporcionarla o hacerla pública.
El uso que se haga de la información es responsabilidad de la persona que la obtuvo.

Artículo 4. Todas las entidades públicas están sometidas al principio de publicidad de sus actos y obligadas a respetar el ejercicio social del derecho de acceso a la información pública.
Los partidos políticos y las organizaciones políticas con registro oficial, rendirán información respecto a los recursos públicos recibidos del Estado y los Municipios.

Artículo 5. Para los efectos de esta Ley, se entenderá por:

I. LEY. La Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo;

II. DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. La prerrogativa que tiene toda persona para acceder a la información creada, administrada o en posesión de las entidades públicas, en los términos de la presente Ley;

III. DATOS PERSONALES PROTEGIDOS. La garantía de tutela de la privacidad de datos personales en posesión de las entidades públicas, como: origen étnico o racial; características físicas, morales o emocionales; vida afectiva o familiar; domicilio; número telefónico; patrimonio; ideología; opiniones políticas; creencias filosóficas o religiosas; estados de salud físicos o mentales; la preferencia sexual; u otras análogas que afecten su intimidad;

IV. COMISIÓN. La Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública;

V. ENTIDAD PÚBLICA. El Poder Legislativo del Estado, sus órganos y dependencias; el Poder Ejecutivo del Estado, las dependencias y entidades de la administración pública estatal, centralizada y paraestatal; el Poder Judicial del Estado, sus órganos, dependencias y la Dirección Administrativa del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia; los tribunales administrativos estatales; los Ayuntamientos, sus dependencias, entidades, unidades administrativas, órganos administrativos desconcentrados y organismos descentralizados municipales; los órganos autónomos previstos en la Constitución particular y en las leyes estatales; las demás entidades reconocidas como de interés público por los ordenamientos legales mencionados; los partidos políticos y las organizaciones políticas con registro oficial; y las personas de derecho público o privado, cuando en el ejercicio de sus actividades actúen en auxilio de las entidades y cuando ejerzan gasto público, reciban subsidio o subvención;

VI. ESTADO. El Estado de Michoacán de Ocampo;

VII. INTERÉS PÚBLICO. La valoración atribuida a los fines que persigue la consulta y examen de la información pública, a efecto de contribuir a la informada toma de decisiones de las personas en el marco de una sociedad democrática;

VIII. INFORMACIÓN DE OFICIO. La información de carácter general que obligatoriamente deben proporcionar las entidades públicas;
IX. INFORMACIÓN PÚBLICA. El registro, archivo o cualquier dato que se recopile, mantenga, procese o se encuentre en posesión de las entidades públicas;

X. INFORMACIÓN DE ACCESO RESTRINGIDO. La que se encuentra en posesión de entidades públicas bajo las figuras de reserva o confidencialidad;

XI. INFORMACIÓN RESERVADA. La que se encuentra temporalmente sujeta a alguna de las excepciones previstas en la Ley;
XII. INFORMACIÓN CONFIDENCIAL. La que se encuentra en posesión de las entidades públicas relativa a las personas, protegida por el derecho fundamental a la privacidad;

XIII. PERSONA. Las personas físicas o morales en pleno ejercicio de sus derechos;

XIV. PRINCIPIO DE PUBLICIDAD. EL principio en virtud del cual toda la información que emana de la administración pública es de carácter público, por lo cual el Estado deberá garantizar una organización interna que sistematice la información, para brindar acceso a las personas y también para su divulgación; y

XV. SERVIDOR PÚBLICO. Las personas físicas que realicen cualquier actividad en nombre o al servicio de alguna entidad pública, cualquiera que sea su nivel jerárquico.

Artículo 6. La presente Ley tiene como objetivos:

I. Contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas y a consolidar el sistema democrático;

II. Optimizar el nivel de participación comunitaria en la toma pública de decisiones conforme a los estándares democráticos internacionales;

III. Garantizar el principio democrático de publicidad de los actos del Estado;

III. Garantizar la protección de los datos personales en posesión de las entidades públicas; y

IV. Asegurar la rendición de cuentas de manera que puedan valorar el desempeño de los sujetos obligados.

Artículo 7. Las entidades públicas designarán de entre sus servidores públicos al responsable de la atención de las solicitudes de información que formulen las personas.

Artículo 8. Quienes generen, administren, manejen, archiven o conserven información pública serán responsables de la misma en los términos de Ley.
Toda la información en posesión de las entidades públicas estará a disposición de las personas, salvo aquella que se considere como reservada o confidencial.
La información se proporcionará en el estado en que se encuentre en las entidades públicas. La obligación de las entidades públicas de proporcionar información no comprende el procesamiento, ni el presentarla conforme al interés del solicitante.
La pérdida, destrucción, alteración u ocultamiento de la información pública y de los documentos en que se contenga, serán sancionados en los términos de esta Ley y demás ordenamientos relativos.

CAPÍTULO SEGUNDO
DE LA INFORMACIÓN MÍNIMA QUE DEBE SER DIFUNDIDA DE OFICIO
POR LAS ENTIDADES PÚBLICAS

Artículo 9. Las entidades públicas están obligadas a difundir de oficio, por lo menos, la información siguiente:

I. Su estructura orgánica, los servicios que presta, las atribuciones por unidad administrativa y la normatividad que las rige, así como la forma de acceder a ellos;

II. Decretos administrativos, reglamentos, circulares y demás disposiciones de observancia general;

III. El directorio de servidores públicos, desde el nivel de jefe de departamento o sus equivalentes, incluyendo sus curriculas académica y laboral;

IV. La remuneración mensual integral por puesto, según lo establezcan las disposiciones correspondientes;

V. Las opiniones, datos y fundamentos finales contenidos en los expedientes administrativos que justifican el otorgamiento de permisos, concesiones o licencias que la Ley confiere autorizar a cualquiera de las entidades públicas, así como las contrataciones, licitaciones y los procesos de toda adquisición de bienes o servicios;

VI. Manuales de organización y procedimientos, y en general, la base legal que fundamente la actuación de las entidades públicas;

VII. La información sobre el presupuesto asignado, así como los informes sobre su ejecución, en los términos que establezca el Presupuesto de Egresos del Estado;

VIII. Los resultados de todo tipo de auditorias concluidas hechas al ejercicio presupuestal de cada una de las entidades públicas;

IX. Los destinatarios y el uso autorizado de toda entrega de recursos públicos y subsidios, cualquiera que sea su fin;

X. Los informes presentados por los partidos políticos ante la autoridad estatal electoral, tan pronto sean recibidos por la autoridad en cuestión;

XI. El nombre, domicilio legal y dirección electrónica, en su caso, de los servidores públicos encargados de gestionar y resolver las solicitudes de información pública;

XII. Las fórmulas de participación ciudadana, en su caso, para la toma de decisiones por parte de las entidades públicas;

XIII. Informe sobre las iniciativas que se presenten ante el Congreso del Estado y sus dictámenes;

XIV. Los informes de gestión financiera y cuenta pública;

XV. Las controversias entre poderes públicos, iniciadas por el Congreso o cualquiera de sus integrantes;

XVI. Los informes anuales de actividades;

XVII. El monto y la aplicación del Fondo Auxiliar para la Administración de la Justicia;

XVIII. Las convocatorias a concurso o licitación de obras, adquisiciones, arrendamientos, prestación de servicios, concesiones, permisos y autorizaciones, así como sus resultados;

XIX. Toda otra información que sea de utilidad para el ejercicio del derecho de acceso a la información pública conforme a la Ley; y

XX. Los informes que presenten los partidos políticos y las agrupaciones políticas estatales al Instituto Electoral de Michoacán, así como las auditorias y verificaciones que éste ordene, deberán hacerse públicos al concluir el procedimiento de fiscalización respectiva.

Toda persona podrá solicitar al Instituto Electoral de Michoacán, la información relativa al uso de los recursos públicos que reciban los partidos políticos y las agrupaciones políticas estatales.
La información a que se refiere este artículo estará disponible de tal forma que facilite su uso y comprensión por las personas, y que asegure su calidad, veracidad, oportunidad y confiabilidad.

Artículo 10. Los resultados de las convocatorias a concurso o licitación de obras, adquisiciones, arrendamientos, concesiones y prestación de servicios deberán contener:

La identificación precisa del contrato;

II. El monto;

III. Nombre o razón social del proveedor o contratista con quien o quienes se haya celebrado el contrato;

IV. El plazo para su cumplimiento; y

V. Los mecanismos de participación ciudadana

Artículo 11. Tratándose de concesiones, permisos o autorizaciones a particulares, la información deberá precisar:

I. Nombre o razón social del titular;

II. Concepto de la concesión, autorización o permiso; y

III. Vigencia.

Artículo 12. Tratándose de obra pública directa que ejecute cualquier entidad pública, contenida en los presupuestos de egresos, la información deberá precisar:

I. El monto;

II. El lugar;

III. El plazo de ejecución;

IV. La identificación del órgano público ordenador o responsable de la obra; y

V. Los mecanismos de vigilancia y/o supervisión de la sociedad civil.

Artículo 13. Las entidades públicas están obligadas a realizar actualizaciones periódicas de la información a que se refiere el presente capítulo. Para tal efecto, la Comisión expedirá las normas de operación y lineamientos pertinentes, con el propósito de establecer formatos sencillos, entendibles y claros para la consulta expedita de la información difundida de oficio por las entidades públicas.

Artículo 14. Cada entidad pública deberá sistematizar la información para facilitar el acceso de las personas a la misma, así como su publicación a través de los medios disponibles utilizando sistemas remotos o locales de comunicación electrónica o de cualquier otra tecnología.
De igual manera, tienen la obligación de proveer la información contenida en documentos escritos, fotografías, gráficos, grabaciones, soporte electrónico o digital, o en cualquier otro medio o formato, que se encuentre en su posesión o bajo su control.

Artículo 15. En cada reunión de las entidades públicas en que se discutan y adopten decisiones de interés público se levantará una minuta que deberá preservarse en los archivos oficiales.

CAPÍTULO TERCERO
DE LA PROMOCIÓN DE LA CULTURA DEL DERECHO
AL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

Artículo 16. Las entidades públicas deberán cooperar con la Comisión para capacitar y actualizar de forma permanente a sus servidores públicos en la cultura del derecho al acceso a la información pública y al ejercicio del derecho de protección de datos personales en posesión de las entidades públicas, a través de cursos, seminarios, talleres y toda otra forma de enseñanza que se considere pertinente.

Artículo 17. La Comisión procurará que en los planes y programas de estudio de la educación preescolar, primaria, secundaria, normal y para la formación de maestros de educación básica que se impartan en el Estado, se incluyan contenidos que versen sobre la importancia social del derecho al acceso a la información pública y al derecho de protección de datos personales en posesión de las entidades públicas en una sociedad democrática, coadyuvando con las autoridades educativas en la preparación de los contenidos y el diseño de los materiales didácticos de planes y programas.

Artículo 18. La Comisión promoverá ante las universidades públicas y privadas que dentro de sus actividades académicas curriculares y extracurriculares incluyan temas que ponderen la importancia social del derecho de acceso a la información pública y el derecho de protección de datos personales en posesión de las entidades públicas.

CAPÍTULO CUARTO
DE LA INFORMACIÓN DE ACCESO RESTRINGIDO

Artículo 19. El ejercicio del derecho de acceso a la información pública sólo será restringido en los términos dispuestos por esta Ley, mediante las figuras de reserva o confidencialidad de la información, y no podrá ser divulgada, bajo ninguna circunstancia, salvo las excepciones señaladas en la Ley.

Artículo 20. Para los efectos de esta Ley se considera información reservada la así clasificada mediante acuerdo del titular de cada una de las entidades públicas.
La clasificación de la información procede sólo en los casos siguientes:

I. Cuando se trate de información cuya divulgación ponga en riesgo la seguridad del Estado o los Municipios, la vida, la seguridad o la salud de las personas;

II. La información cuya divulgación pueda causar un perjuicio a las actividades de prevención o persecución de los delitos, la impartición de justicia, la recaudación de contribuciones o cualquier otra acción que tenga por objeto la aplicación de las leyes;

III. Los expedientes de procesos jurisdiccionales o de procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, en tanto no hayan causado estado, salvo los casos en que vulneren el derecho de protección a la información privada en posesión de las entidades públicas, en los términos de esta Ley;

IV. Las averiguaciones previas y la información que comprometa los procedimientos de investigación penal;

V. Cuando se trate de información sobre estudios y proyectos cuya divulgación pueda causar daño al interés del Estado o suponga un riesgo para su realización;

VI. La que por disposición expresa de una Ley sea considerada reservada;

VII. Cuando se trate de información de particulares recibida por la administración pública bajo promesa de reserva o esté relacionada con la propiedad intelectual, patentes o marcas, secreto comercial, industrial, fiscal, bancario, fiduciario u otro considerado como tal por una disposición legal y que estén en posesión de las autoridades;

VIII. Cuando se trate de información correspondiente a documentos o comunicaciones internas que sean parte de un proceso deliberativo previo a la toma de una decisión administrativa;

IX. Cuando se trate de información que pueda generar una ventaja personal indebida en perjuicio de un tercero; y

X. Cuando se trate de información que pueda dañar la estabilidad financiera o económica del Estado;

Artículo 21. El acuerdo que clasifique información como reservada deberá tener por demostrado que:

I. La información encuadra en alguna de las hipótesis de excepción previstas en la presente Ley;

II. La liberación de la información puede amenazar el interés protegido por la Ley; y

III. El daño que puede producirse con la liberación de la información es mayor que el interés público de conocerla.

Artículo 22. El acuerdo que clasifique la información como reservada, deberá indicar la fuente de la información, la justificación de su clasificación, las partes de los documentos que se reservan, el plazo de reserva y la designación de la autoridad responsable de su conservación.
No podrá invocarse la figura de reserva cuando se refiera a la investigación de violaciones graves a los derechos fundamentales o de delitos de lesa humanidad.

Artículo 23. La información clasificada como reservada, lo será hasta por doce años contados a partir del acuerdo de clasificación.
Concluido el plazo o cuando dejen de concurrir las circunstancias que motivaron su clasificación a juicio de la Comisión, será accesible al público, protegiendo la información confidencial que en ella se contenga.

Artículo 24. Las entidades públicas podrán solicitar a la Comisión la ampliación del plazo de reserva cuando subsistan las causas que motivaron el acuerdo de clasificación.
En ningún caso el plazo podrá superar los veinticuatro años contados a partir del acuerdo de clasificación.

Artículo 25. El servidor público que teniendo bajo su responsabilidad la custodia de información clasificada como de acceso restringido y la libere será sancionado en los términos que señale la Ley.

También será sujeto de responsabilidad y sancionado en los términos de Ley la persona que sin tener la custodia accese a la misma y/o divulgue su contenido.

Artículo 26. Será de carácter público y de libre acceso a las personas interesadas, la información relativa a la contratación y designación de funcionarios, plantillas, gastos de representación, costos de viajes, emolumentos o pagos en concepto de viáticos y otros, de los servidores públicos y de los que reciban subsidio o subvención.

CAPÍTULO QUINTO
DEL PROCEDIMIENTO PARA EL EJERCICIO DEL DERECHO
DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

Artículo 27. Las personas ejercerán su derecho de acceso a la información ante la entidad pública que la posea.
La solicitud deberá hacerse por escrito, en cuyo caso la entidad registrará en un formato las características de la solicitud y procederá a entregar una copia al solicitante.
La solicitud deberá contener cuando menos los datos siguientes:

I. Identificación de la autoridad a quien se dirija;

II. Nombre, datos generales e identificación oficial del solicitante;

III. Identificación precisa de los datos e información que requiere; y

IV. Domicilio para recibir notificaciones.

Si la solicitud no contiene los datos requeridos, la entidad pública deberá hacerlo saber al solicitante, en un plazo no mayor de cinco días hábiles después de recibida, para que la complete.
Si la solicitud es presentada ante una entidad que no es competente para liberar la información o que no la tenga por no ser de su ámbito, la entidad receptora deberá comunicarlo y orientar debidamente al solicitante.

Artículo 28. La reproducción de información pública habilitará a la entidad al cobro de los derechos previstos en las leyes de ingresos.

Artículo 29. Las entidades públicas están obligadas a orientar sobre los trámites y procedimientos para la obtención de la información pública.

Artículo 30. La negativa a proporcionar la información solicitada deberá estar fundada y motivada, la que se comunicará por escrito al solicitante dentro de los cinco días hábiles siguientes.

Artículo 31. La solicitud de información presentada en los términos de esta Ley deberá ser contestada en un plazo no mayor de quince días hábiles. El plazo se podrá prorrogar en forma excepcional por diez días hábiles más, de mediar circunstancias que hagan difícil reunir la información solicitada. En su caso, la entidad pública deberá comunicar, antes del vencimiento del plazo de quince días hábiles, las razones por las cuales hará uso de la prórroga excepcional.

Artículo 32. Cumplido el plazo, si la solicitud de información no se hubiese contestado o la respuesta fuese ambigua o parcial a juicio del solicitante, éste podrá interponer los recursos previstos en la presente Ley.

Cuando por negligencia no se dé respuesta en tiempo y forma a la solicitud de acceso a la información, la entidad queda obligada a otorgarle la información en un período no mayor a diez días hábiles, sin pago de los derechos fiscales.

Para efectos de la presente Ley, el silencio de la entidad no se interpreta como negación a la solicitud, sino como un acto de violación a lo previsto en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Michoacán.

CAPITULO SEXTO
DEL EJERCICIO DEL DERECHO DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES
EN POSESIÓN DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS

Artículo 33. La información que contenga datos personales debe sistematizarse con fines lícitos y legítimos. La información necesaria para proteger la seguridad pública o la vida de las personas, no deberá registrarse ni será obligatorio proporcionar datos que puedan originar discriminación, en particular información sobre el origen racial o étnico, preferencia sexual, opiniones políticas, convicciones religiosas, filosóficas o de otro tipo, o sobre la participación en una asociación o la afiliación a una agrupación gremial.

Artículo 34. Los archivos con datos personales en posesión de las entidades públicas deberán ser actualizados de manera permanente y ser utilizados exclusivamente para los fines legales y legítimos para los que fueron creados.

La finalidad de un fichero y su utilización en función de ésta, deberá especificarse y justificarse. Su creación deberá permitir el conocimiento de la persona interesada, a fin de que ésta, ulteriormente, pueda asegurarse de que:

I.- Todos los datos personales reunidos y registrados siguen siendo pertinentes a la finalidad perseguida;

II.- Ninguno de esos datos personales sean utilizados o revelados sin su consentimiento, con un propósito incompatible al especificado; y

III.- El período de conservación de los datos personales no exceda del necesario para alcanzar la finalidad con que se han registrado.

Artículo 35. Toda persona que acredite su identidad tiene derecho a:

I. Saber si se está procesando información que le concierne;

II. Recibir copia de ella sin demora;

III. Obtener las rectificaciones o supresiones que correspondan cuando los registros sean ilícitos, injustificados o inexactos; y

IV. Tener conocimiento de los destinatarios y las razones que motivaron su solicitud, en los términos de esta Ley.

Articulo 36. Los sujetos obligados no podrán difundir, distribuir o comercializar los datos personales contenidos en los sistemas de información, desarrollados en el ejercicio de sus funciones, salvo que haya mediado el consentimiento expreso por escrito o por un medio de autentificación de los individuos a que haga referencia la información.

Artículo 37. Las entidades públicas deberán adoptar medidas apropiadas para proteger los ficheros contra los riesgos naturales, como la pérdida accidental o la destrucción por siniestro y, contra los riesgos humanos, como el acceso sin autorización, la utilización encubierta de datos, o la contaminación por virus informáticos.

Artículo 38. En lo que respecta a la substanciación, impedimentos, notificaciones, impugnaciones y sanciones para la acción de protección de datos personales en posesión de las entidades públicas, se aplicarán las normas establecidas en la ley.

CAPÍTULO SÉPTIMO
DE LA COMISIÓN ESTATAL PARA EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO

Artículo 39. Como órgano de decisión, autoridad, promoción, difusión e investigación sobre el derecho de acceso a la información pública se crea la Comisión para el Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán como un organismo con autonomía patrimonial, de operación y de decisión, integrado por tres comisionados, de los cuales uno será su presidente.

Los comisionados serán electos por el Congreso del Estado, por el voto de las dos terceras partes de los Diputados presentes, a propuesta del Titular del Poder Ejecutivo del Estado, quien escuchará previamente las proposiciones de las instituciones y organizaciones académicas, profesionales y ciudadanas, enviará una lista de aspirantes con el triple del número de comisionados a nombrar, para que de entre ellos se elija a quien o quienes ocuparán el cargo.

En caso de que el Congreso rechace total o parcialmente la lista propuesta, el Gobernador del Estado someterá una nueva lista de aspirantes en los términos señalados.

Si no hubiere acuerdo del Congreso, el Titular del Poder Ejecutivo designará a los Comisionados faltantes, de entre los propuestos.
La Comisión no será sectorizable en los términos de las leyes de la materia, pero para el mejor desempeño de sus funciones deberá establecer relaciones de cooperación y coordinación con cualquiera de las entidades públicas.

Artículo 40. Para ser Comisionado se requiere:
I. Ser ciudadano mexicano, con una residencia efectiva de cuando menos tres años en el Estado previos a su designación;
II. Tener no menos de treinta años cumplidos al día de su designación;
III. Contar con título profesional de licenciado en derecho o en cualquier campo de las ciencias sociales y preferentemente con estudios de maestría o doctorado;
IV. No haber sido dirigente de algún partido o asociación política, ni ministro de algún culto religioso durante los cinco años previos al día de su designación;
V. No haber sido servidor público o haber trabajado o colaborado en medios de comunicación, durante los tres años previos al día de su designación; y
VI. No haber sido condenado por delito doloso.

Artículo 41. Los comisionados durarán en su encargo un período de cinco años y podrán ser reelectos por una sola vez. Los Comisionados no podrán ser separados de su encargo, salvo en los términos que determina el Título Cuarto de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo y la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Michoacán. Este cargo es incompatible con cualquier otro empleo o actividad, excepto las de docencia y beneficencia.
El presidente será nombrado por sus pares por un periodo de dos años, pudiendo ser reelecto por una solo vez.

Artículo 42. La Comisión tendrá las siguientes atribuciones:

I. Vigilar el cumplimiento de la presente Ley;

II. Conocer y resolver los recursos que se interpongan contra los actos y resoluciones dictados por las entidades públicas con relación a las solicitudes de acceso a la información;

III. Establecer plazos para la rendición de informes y realizar diligencias;

IV. Realizar a petición de parte, investigaciones en relación con las quejas sobre violación de la presente Ley;

V. Proponer criterios para el cobro de derechos para el acceso a la información pública;

VI. Ordenar a las entidades públicas que proporcionen información a los solicitantes en los términos de la presente Ley;

VII. Garantizar el debido ejercicio del derecho de protección de los datos personales en posesión de las entidades públicas;

VIII. Realizar los estudios e investigaciones necesarios para el buen desempeño de sus atribuciones;

IX. Organizar seminarios, cursos y talleres que promuevan el conocimiento de la presente Ley y las prerrogativas de las personas, derivadas del derecho de acceso a la información pública;

X. Elaborar y publicar manuales, estudios e investigaciones para socializar y ampliar el conocimiento sobre la materia de esta Ley;

XI. Elaborar su proyecto de presupuesto anual, el cual será enviado al Titular del Poder Ejecutivo del Estado;

XII. Proponer y designar a los servidores públicos a su cargo, de acuerdo al presupuesto anual;

XIII. Proponer al Gobernador del Estado el proyecto de reglamento interior;

XIV. Expedir el manual operativo de la Comisión y demás normas internas de funcionamiento; y

XV. Las demás que le señale esta ley, su reglamento u otras disposiciones aplicables.

Artículo 43. Para profesionalizar y hacer más eficientes los servicios de apoyo de la Comisión, se instituye el servicio civil de carrera, regido por los principios de legalidad, imparcialidad, objetividad, especialización, honradez, lealtad y eficiencia. El reglamento establecerá y desarrollará las bases para la selección, permanencia, promoción, capacitación y actualización del personal.

Artículo 44. A más tardar el día treinta y uno de marzo, todas las entidades públicas deberán presentar un informe a la Comisión, correspondiente al año anterior. Su omisión será motivo de responsabilidad.

El informe deberá contener:
I. El número de solicitudes de información recibidas por la entidad y la información objeto de las mismas;
II. La cantidad de solicitudes tramitadas y atendidas, así como el número de solicitudes pendientes;
III. Las prórrogas por circunstancias excepcionales a las solicitudes de acceso a la información de la entidad pública;
IV. El tiempo de trámite y la cantidad de servidores públicos involucrados en la tarea;
V. La cantidad de resoluciones emitidas por la entidad en las que se negó la solicitud de información y la causa de la negativa; y
VI. La cantidad de recursos de inconformidad recibidos, el motivo que los originó y la resolución emitida.

Artículo 45. A más tardar el día treinta de junio, la Comisión deberá rendir un informe anual al Congreso del Estado, con base en los informes de las entidades públicas.

CAPÍTULO OCTAVO
RECURSOS DE INCONFORMIDAD Y REVISIÓN

Artículo 46. Los interesados afectados por los actos y resoluciones de las entidades que se negaren o limitaren el acceso a la información, podrán interponer el recurso de inconformidad ante el titular de la propia entidad pública, quien estará obligado a dar una resolución administrativa en un plazo máximo de diez días hábiles a partir de la fecha en que se registró la promoción de inconformidad.

Artículo 47. Es procedente el recurso de inconformidad cuando se presenta la impugnación en tiempo y forma

Artículo 48. El plazo para interponer el recurso de inconformidad será de diez días hábiles, contados a partir de la fecha en que surte efectos la notificación de la resolución administrativa impugnada.

Artículo 49. El recurso de inconformidad deberá presentarse por escrito cumpliendo con los requisitos siguientes:
I. Estar dirigido al titular de la entidad encargada de liberar la información;
II. El nombre del inconforme, de su representante legal o mandatario con poder notarial;
III. Acreditar la personalidad o personería del inconforme;
IV. El domicilio para recibir notificaciones y, en su caso, el nombre del autorizado;
V. Precisar el acto o resolución impugnado y la autoridad responsable;
VI. La fecha de la notificación;
VII. Bajo protesta de decir verdad, mencionar los hechos y abstenciones en que se funde la inconformidad, los agravios que le cause el acto o resolución impugnados y los preceptos legales violados;
VIII. Copia de la resolución o acto que se impugna y de su notificación y, cuando se trate de actos que no se resolvieron en tiempo, anexará copia de la iniciación del trámite;
IX. Ofrecer y aportar pruebas que tengan relación directa con el acto o resolución que se impugnen, debiendo acompañar las documentales con las que cuente; y
X. La firma del promovente o en caso de incapacidad, su huella digital que deberá ser ratificada ante la entidad.

Artículo 50. Cuando no existan pruebas para acreditar la violación del acto o resolución, no será necesario satisfacer este requisito.

Artículo 51. La autoridad deberá prevenir al inconforme sobre los errores de forma y fondo de los que, en su caso adolezca su escrito de inconformidad, pero de ninguna manera podrá cambiar los hechos. Para subsanar los errores deberá concederle un plazo de tres días hábiles.
Cuando el recurso de inconformidad no se presente por escrito ante la autoridad correspondiente, se presente fuera de término o no se haya subsanado dentro del plazo concedido, se desechará de plano.
La autoridad competente estará obligada a emitir resolución en un plazo no mayor de diez días hábiles.

Artículo 52. La resolución del recurso de inconformidad que dicte la entidad y la resolución del recurso de revisión que dicte la Comisión, podrá:
I. Sobreseer;
II. Confirmar ;
III. Modificar; o
IV. Revocar.
Artículo 53. Procede el sobreseimiento, cuando:
I. El inconforme se desista por escrito del recurso de inconformidad;
II. La autoridad responsable del acto o resolución impugnados los modifique o revoque, de manera que el recurso quede sin materia antes de que se resuelva; y
III. El inconforme fallezca o, tratándose de personas morales se disuelvan.

Artículo 54. La resolución administrativa que emita el titular de la entidad pública correspondiente para sobreseer, confirmar, modificar o revocar un acto o resolución sobre el acceso a la información, deberá estar fundada y motivada.

Artículo 55. En los casos en que se confirme la negativa a liberar información, la autoridad estará obligada a informar sobre el recurso de revisión e instancia con la que cuenta el quejoso para hacer valer lo que a su derecho convenga.

Artículo 56. El recurso de revisión podrá interponerse contra las resoluciones que pongan fin al recurso de inconformidad, el cual deberá presentarse ante la Comisión, observando los términos y formalidades previstas para el recurso de inconformidad.

Artículo 57. Para las entidades públicas las resoluciones de la Comisión serán definitivas. La persona agraviada podrán acudir en todo tiempo a los órganos jurisdiccionales para hacer valer lo que a su derecho convenga.

CAPÍTULO NOVENO
DE LAS RESPONSABILIDADES Y SANCIONES ADMINISTRATIVAS

Artículo 58. Las violaciones a la presente ley son sancionadas de conformidad con lo establecido en la Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos del Estado de Michoacán, independientemente de las que procedan del orden civil o penal.

Artículo 59. En todo momento, si las autoridades a que se refiere esta Ley consideran que hay motivo para suponer la comisión de un delito, éstas deben hacerlo del conocimiento del ministerio público.

T R A N S I T O R I O S

ARTÍCULO PRIMERO. La presente Ley entrará en vigor ciento veinte días hábiles después de su publicación en el Periódico Oficial del Estado, bajo las modalidades previstas en los siguientes artículos transitorios.

ARTÍCULO SEGUNDO. Los miembros de la Comisión serán nombrados dentro de los ciento ochenta días hábiles siguientes a la publicación de la presente Ley.
Para la integración inicial de la Comisión y por única vez, los tres Comisionados serán elegidos por tres, cuatro y cinco años, respectivamente, con el objeto de que al termino del encargo, sea posible contar con una adecuada combinación de experiencia, conocimiento, prestigio personal y profesional.
La Comisión expedirá su Reglamento Interior en un período no mayor a sesenta días a partir de su constitución.
A partir de su constitución la Comisión deberá instrumentar las acciones para que la presente Ley sea conocida y difundida entre los diversos sectores sociales, así como para concientizar a las personas y servidores públicos de la importancia que reviste el derecho al acceso a la información y a la protección de datos personales en posesión de las entidades públicas en una sociedad democrática. Para lo anterior podrá atraer el concurso de instituciones de educación superior, así como de organismos nacionales e internacionales especializados en el tema.

ARTÍCULO TERCERO. Los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, en el ámbito de sus respectivas competencias, establecerán, mediante reglamentos o acuerdos de carácter general, los órganos, criterios y procedimientos institucionales para proporcionar a las personas el acceso a la información pública, de conformidad con esta Ley. Estos reglamentos o acuerdos de carácter general deberán ser expedidos a más tardar dentro de un año después de la entrada en vigor de la presente Ley.

ARTÍCULO CUARTO. Las personas podrán ejercer el derecho al acceso a la información pública y al de protección de los datos personales en posesión de las entidades públicas, un año después de la entrada en vigor de la Ley.

ARTÍCULO QUINTO. Las entidades públicas deberán realizar la difusión de la información de oficio a más tardar un año después de la entrada en vigor de la Ley.

ARTÍCULO SEXTO. Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al contenido de la presente Ley.

ARTÍCULO SÉPTIMO. La Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos del Estado, deberán establecer la partida presupuestal para el funcionamiento de la Comisión.

PALACIO DEL PODER LEGISLATIVO, Morelia, Michoacán a 2 de agosto de 2002.

LAS COMISIONES UNIDAS DE DICTAMEN LEGISLATIVO COMISIÓN DE GOBERNACIÓN

DIP. SELENE LUCIA VÁZQUEZ ALATORRE
DIP. JORGE EDUARDO GARCÍA DIP. FRANCISCO JAVIER MORELOS
TORRES BORJA

COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES

DIP. ARMANDO OCTAVIO BALLINAS MAYÉS
DIP. SANDRA LUZ VALENCIA DIP. JUAN RAFAEL CASTELAZO
MENDOZA

COMISIÓN DE JUSTICIA
DIP. JORGE EDUARDO GARCÍA TORRES
DIP. ISIDRO FAUSTO GUTIÉRREZ DIP. JOSE LUIS LÓPEZ SALGADO

COMISIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
DIP. CUAUHTÉMOC RAMÁREZ ROMERO
DIP. DAVID VÁZQUEZ CHÁVEZ DIP. MARCO ANTONIO LAGUNAS VÁZQUEZ